La reciente Cumbre de las Américas (VII) celebrada en la Ciudad de Panamá contemplaba la participación del sector empresarial para buscar consenso en temas de interés, entre los cuales se mencionaba, la facilitación del comercio. El foro empresarial debía analizar las oportunidades de negocios e inversión en la región latinoamericana. Se supone que en el evento interactuarían los jefes de Estado directamente con los hombres y mujeres de negocios, incluidos como oradores altos ejecutivos de algunas de las principales empresas del continente.
El nombre de la agenda: “Tendiendo Puentes en las Américas: Integración Productiva para un Desarrollo Inclusivo”, debía haber dado lugar a que empresarios venezolanos empezaran por pedir que en el término “inclusivo” se les incorporase a ellos mismos, probablemente ante la sorpresa de los otros empresarios de la región, pues en Venezuela el empresario es ciertamente una especie en extinción. Tal inclusión del empresario como un aspecto esencial para el desarrollo económico del país no debe ser una dádiva gubernamental, sino la simple manifestación de que el Estado venezolano respeta el derecho constitucional que lo rige (artículo 112, derecho a la libre empresa). El segundo aspecto de obligado señalamiento en tal cumbre es que la empresa privada en Venezuela está en un proceso de desaparición, por dos causas. Primero, por su sustitución por la iniciativa pública en casi todos los ámbitos de la economía, por el incremento de la intervención estatal en actividades reservadas o por la posibilidad de hacerlo en áreas no reservadas mediante el uso abusivo de la declaratoria de interés público o general, utilidad pública, y servicio público, de casi toda la actividad comercio industrial o las materias donde la actividad económica privada se desarrolla.
Además, el empresario en Venezuela es una especie de enemigo público, dentro de ese objetivo estatal declarado, aunque contrario a la Constitución, de sustituir el modelo de mercado por uno de economía socialista.
A los inversionistas extranjeros habría que explicarles también que en Venezuela no existe “libre competencia” a pesar de que así lo ordena la Constitución (artículo 299) y que es lo común en todas las economías del área, sino una cosa que se llama “competencia económica”, lo cual significa no que existe “concurrencia libre de los agentes del mercado” sino que la competencia en Venezuela debe realizarse en base a “un intercambio justo”, según la muy socialista Ley Antimopolio.
Y explicarle a los empresarios que el carácter “justo” del intercambio lo establece no el mercado, no sus agentes, sino el gobierno, mediante un órgano que determina al milímetro los precios, costos y ganancias de la empresa privada.
También sería conveniente señalarles a estos posibles inversionistas, que el tema de las divisas está regulado por un conjunto de normas que pocos entienden, y que el precio de la moneda extranjera cambia y puede cambiar en minutos y que aún las categorías que se suponen subsidiadas pueden dejar de serlo, sin aviso y sin protesto, y que la deuda que por tal concepto se genere por los retrasos en su entrega con el gobierno venezolano, deberán ellos –los empresarios– tratar de recuperarla así sea cargándosela a los propios ciudadanos venezolanos, que al gobierno poco parece importarle, como ocurre, por ejemplo con el precio de los pasajes aéreos, pues no otra cosa explica que el costo aquí sea el triple que en otros destinos similares, la más de las veces, de obligado pago en divisas a las que no existe acceso sino en un mercado libre descontrolado con precios inaccesibles para el común de la gente.
Si ello no fuere suficientemente atractivo para que los inversionistas vengan a montones a traer sus capitales a nuestro país, ha debido informárseles que de acuerdo a la exposición de motivos de la ley de precios justos, la ganancia en el comercio se considera por principio “especulativa”, y que esto puede sin más llevarles a estar sujetos a procesos penales. Eso sí, también que sepan que la cárcel amenaza no sólo a los propietarios de empresas, sino a sus gerentes y empleados, que pueden pasarse una buena temporada en el Sebin sin fórmula de juicio, si la autoridad en Venezuela llegare a considerar que han podido llevar a cabo “acciones” u “omisiones”, o sea cualquier conducta, que según el criterio del aplicador de la norma impida de manera directa o indirecta la producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes, así como la prestación de servicios regulados, con la posible aplicación de una pena de prisión entre 10 y 12 años.
Que sepan que toda la actividad comercio industrial está declarada de utilidad pública, o sea que es expropiable, pero que en todo caso ni hace falta la expropiación para perder sus bienes y empresas a mano del Estado porque éste puede, a manera de sanción o no, ocuparlas y hacerse de ellas, sin que un juez intervenga, sin derecho a defenderse, sin procedimiento y sin que se les indemnice económicamente.
Finalmente, sería conveniente informarles que no es que exista un trato especialmente negativo hacia los empresarios en Venezuela, sino que el ordenamiento no los considera sujetos de derecho susceptibles de la protección jurídica que como seres humanos les corresponde, al punto de que hasta en una ley no hay vergüenza alguna en afirmar que las actuaciones de funcionarios incursos en incompatibilidades serán nulas, “pero producirán efectos solo en lo desfavorable al comerciante…”.
Y por favor, sepan que ante tales atractivos, todos quienes decidan venir a invertir en este país deben hacer la cola ordenadamente, porque podrían ser reprimidos por grupos parapoliciales que actúan con la venia del Estado.
En conclusión, señores empresarios de la región, son bienvenidos a traer sus capitales a este país en que el Estado no aplica el modelo constitucional vigente de economía de mercado, ni sus principios fundamentales: libre empresa, libre competencia y respeto a la propiedad privada.
